El Comercio /Opinión/ 16 de noviembre de 1998

¿El fin de la ciencia libre?

Hasta ahora, las informaciones científicas han circulado libremente, permitiendo un gran avances en los países con tradición investigadora y algo en los otros. Sin embargo, los vientos soplan hacia la restricción. ¿Cómo la enfrentaremos?

Todo ha comenzado con una directiva de la Comisión Europea, sobre la “protección jurídica de las bases de datos”, la que es calificada por los científicos europeos como un atentado contra la libre circulación de las informaciones científicas. La comisión afirma que, por el contrario, la directiva protegerá a los productores de base de datos científicos, incentivando las inversiones en sectores de interés económico.

Sin embargo, en la reglamentación correspondiente a la mencionada directiva se define la base de datos como “un conjunto de obras, de datos u otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica e individualmente accesibles a través de medios electrónicos o de cualquier otra manera”. Por otro lado se otorga protección específica en caso de que la información haya sido lograda con inversiones sustanciales por parte del productor, el que tiene el derecho a vender una parte o la totalidad de la información.

La Comisión Europea sugiere a las universidades o instituciones de investigación permitir la libre circulación de información científica entre ellas, y que la vendan a las empresas de producción, lo que permitiría una aceleración de la investigación científica y el consiguiente crecimientos económico.

Ante la mencionada directiva, los editores de revistas científicas han reaccionado con mucho interés, puesto que la definición involucra las publicaciones de trabajos originales. La controversia surge porque la revista – y no el científico – es considerado como el productor de la información. Puede darse el caso en que, para usar sus resultados, el científico deba pagar a la revista que los publicó.

Paralelamente a las mencionadas medidas de restricción, la Comisión Europea hace esfuerzos para integrar a los países de Europa central en los programas de investigación y desarrollo. El retraso de estos países crea dificultades en la integración y en el crecimiento de la región, sobre todo cuando se busca acelerar la consolidación de los bloques comerciales.

Ante esas perspectivas, los países con economías emergentes están aumentando sus propios esfuerzos en investigación científica y tecnológica, relacionando estrechamente investigación y empresa. China, por ejemplo, ha decidido profundizar las reformas en los dominios de la ciencia y la tecnología. Lin Quan, el secretario general de la Comisión para la Ciencia y la Tecnología, ha anunciado la publicación de los resultados de la investigación sensibles de utilizarse en la industria, la agricultura y otros sectores económicos. En 1997, China logró 30.566 descubrimientos científicos, entre los cuales 2.727 se refieren a la investigación teórica, 26.244 a la investigación aplicada y 1.595 a otros campos. Dicha comisión muestra que la investigación aplicada ha generado 12.500 millones de dólares que se añaden al Producto Interno Bruto de China. De esa forma, el país continente se prepara para afrontar las restricciones de la información científica.

Todo hace pensar que la protección de las base de datos científicos se hará extensiva a los demás países del mundo. De modo que el tema comienza a preocupar a los miembros del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), del Organismo Mundial de Comercio (OMC) y del Foro de Cooperación Económica para el Asia Pacífico (APEC). En la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) ya se está discutiendo el derecho de extracción de información de la base de datos, en la medida que sean datos originales.

En el Perú, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) ha dedicado su tiempo al enésimo diagnóstico que ratificara la ya conocida catastrófica realidad y a repetir las propuestas de interacción entre investigación y empresa sin invertir en ello. Mientras tanto, el Congreso de la República mantiene pendiente la Ley Marco para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología.